El regreso de Venezuela al FMI y los mercados petroleros viene acompañado del poder de veto estadounidense a muchas de las decisiones del gobierno venezolano.
La emisión de nuevas licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que opere el Banco Central de Venezuela, junto con otros bancos venezolanos, formaliza un esquema de control estadounidense sobre las exportaciones petroleras de Venezuela y sus operaciones financieras. Una compleja burocracia que, incluso, muchas veces va en contra de los planes trumpistas para aumentar la producción petrolera venezolana. Los permisos del Tesoro, además, se conjugan con acuerdos petroleros, leyes venezolanas sobre hidrocarburos y minería, y el regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Estas licencias 56 y 57, expedidas por el organismo dependiente del Departamento del Tesoro, moderan el esquema de sanciones para aumentar el margen de maniobra del gobierno venezolana. Por ejemplo, la 56 permite “las negociaciones comerciales de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela, siempre que la celebración y ejecución de cualquier contrato de este tipo quede sujeta a una autorización separada por parte de la OFAC”. Esto incluye “facturas ejecutorias, acuerdos de principio, ofertas ejecutorias susceptibles de aceptación —tales como licitaciones o propuestas en respuesta a concursos públicos—memorandos de entendimiento vinculantes, o cualquier otro acuerdo similar”. La aprobación de cada decisión del ejecutivo, derivada de este permiso, recae en la OFAC, lo que le otorga al gobierno estadounidense una colonial influencia sobre los asuntos internos del país.
La licencia exceptúa la transferencia de activos estatales, de bonos de deuda de PDVSA, y cualquier operación con personas jurídicas de Cuba, Rusia, Corea del Norte, Irán o una entidad estadounidense controlada por una empresa de China. Este permiso permitiría, por ejemplo, que empresas occidentales de servicios firmen contratos para arreglar el deteriorado sistema eléctrico venezolano, que depende de tecnologías críticas cuyas patentes son extranjeras. O que PDVSA firme acuerdos con petroleras para importar repuestos, como catalizadores, que mejoren el mantenimiento de las refinerías de petróleo venezolanas, deterioradas por las sanciones. El problema radica en que la OFAC podría objetar cualquier acuerdo que vaya en desmedro de una multinacional estadounidense en áreas como el transporte u otros sectores. Es un permiso con un revolver en la mesa. Por lo pronto, uno de sus primeros frutos permiso es la negociación con Siemens y General Electric para que ayuden a estabilizar el sistema eléctrico del estado petrolero del Zulia, uno de los más afectados por los cortes eléctricos.
Algo parecido sucede con la Licencia 57, la más importante de las dos, que autoriza transacciones de servicios financieros con cuatro instituciones bancarias estatales: el Banco Central de Venezuela (BCV), el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. La licencia cubre la apertura y cierre de cuentas, transferencias de fondos (ACH y Wire), servicios de banca corresponsal en dólares, remesas y pagos con tarjetas de débito y crédito, y operaciones de cambio de divisas. También incluye a cualquier entidad con mayoría accionaria de las cuatro instituciones alcanzada, y a los representantes del gobierno venezolano que no estén dentro de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. Esto alcanza a Delcy Rodríguez, cuya sanción individual fue levantada como parte de los nuevos acuerdos con la Administración Trump, después del reconocimiento a su gobierno por parte del gobierno estadounidense.
Sin embargo, este nuevo permiso no desbloquea ninguno de los activos congelados por el Departamento del Tesoro, ni las reservas internacionales del BCV en el exterior, ni permite la participación de PDVSA en el control de su filial en Estados Unidos, la refinería CITGO Petroleum, sobre la que pesa un fallo judicial de venta a una empresa controlada por el fondo buitre Elliott Managment de Paul Singer. Para Hermes Pérez, (exfuncionario del BCV) esta licencia “abre la puerta para retomar las operaciones internacionales a través del sistema de pagos internacionales (SWIFT), lo que reconecta al BCV con la banca global y con la Reserva Federal. Esto se traduce en la posibilidad de abrir cuentas en bancos corresponsales, transferir fondos desde y hacia Venezuela, y reducir drásticamente los costos de las remesas al eliminar intermediarios”. Para Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, la “esto disminuye los costos operativos que durante casi una década hicieron que cualquier operación financiera de la República resultara excesivamente costosa”.
En la práctica la medida alcanza a los principales bancos públicos de Venezuela, cuyos ingresos, en su mayoría, son el pago de nóminas a los trabajadores públicos y manejo de fondos de empresas del Estado y los distintos ministerios del gobierno. Esto permitirá que entidades como el banco Venezuela, una de las mayores del país, puedan recibir remesas, otorgar créditos y mejorar la performance de sus fondos con operaciones en el exterior de compra de divisas. El acceso al SWIFT le permitirá al BCV recibir pagos internacionales por las ventas de petróleo venezolano desde las cuentas aprobadas por el Tesoro estadounidense. Eso se traducirá en una mayor disponibilidad de divisas en sus reservas para inyectar en el mercado cambiario y ejercer autoridad monetaria sobre el valor del bolívar. De esta forma, podrá comprimir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, uno de los principales motores de una inflación que este año se estima en 649,5%. Sin esto, sería bastante difícil de hacerlo dado que las reservas en divisas del BCV para intervenir en el mercado son de, al menos, 13 mil millones de dólares, según los datos oficiales.