El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, afirmó este miércoles que se proyecta un incremento en la demanda de inmuebles en el país, ante la mejora de condiciones financieras asociadas a la flexibilización de sanciones y la posible reactivación de vínculos con organismos internacionales.
De acuerdo a la información difundida por Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), la Cámara se mantiene a la expectativa teniendo en cuenta los siguientes factores clave del escenario nacional:
- Mayor apertura a inversiones y capital extranjero
- Posible fortalecimiento del sistema financiero
- Llegada de empresas y talento internacional
- Necesidad de ampliar la oferta ante el déficit habitacional
La Cámara Inmobiliaria aseguró que el principal desafío sigue siendo «estructural», al tiempo que explicó que se debe «aumentar la producción de viviendas» para equilibrar la oferta frente a una demanda que podría acelerarse en los próximos años.
Asimismo, Consecomercio destacó la importancia de «generar condiciones» que impulsen la inversión, la seguridad jurídica y el desarrollo del mercado inmobiliario como motor del crecimiento económico.
Los voceros del ente inmobiliario han informado recientemente que el comportamiento en el primer trimestre del año en el sector, registra operaciones de compraventa y que algunos inmuebles han comenzado a regresar al mercado con ajustes moderados de precio.
En el pasado, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha advertido que el mercado inmobiliario venezolano ha operado durante años con «fuerte dependencia de pagos de contado», debido a la limitada oferta de financiamiento de largo plazo y a las restricciones del sistema bancario.
A esto se le suman los altos costos de ciertos trámites para la compra y venta de inmuebles, lo que termina de desincentivar a quienes se involucran en el mercado.
Desde el organismo señalan que recuperación sostenida del sector dependerá no solo del retorno del crédito hipotecario, sino también de factores como estabilidad macroeconómica, mejora del ingreso real y mayor seguridad jurídica.
Además, aseguran que la protección de «la propiedad privada y la libre voluntad de las partes» son los pilares fundamentales para «reactivar la oferta» y «garantizar el acceso a la vivienda» en el país.