Casi una semana después de que Nicolás Maduro asomara la posibilidad de declarar un estado de conmoción exterior ante las “amenazas” de Estados Unidos, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó que el mandatario suscribió el decreto, el cual se “activaría de manera inmediata” en caso de “cualquier tipo de agresión” contra la nación.
El artículo 338 de la Constitución venezolana establece que podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”.
Según la Carta Magna, el decreto “se prolongará hasta por noventa días, siendo prorrogable hasta por noventa días más”. Además, “será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie sobre su constitucionalidad”.
Asimismo, la Constitución establece que el decreto deberá cumplir con los principios y garantías recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El presidente podrá solicitar su prórroga por un plazo igual, y podrá ser revocado por el Ejecutivo Nacional, la Asamblea Nacional o su Comisión Delegada antes de su vencimiento, una vez cesen las causas que lo motivaron.
¿Cuáles son sus implicaciones?
Rodríguez explicó que, en caso de un eventual ataque a la nación, Maduro podrá movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), controlar militarmente las infraestructuras de servicios públicos, la industria de hidrocarburos y de producción, activar planes de seguridad ciudadana y ordenar el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
“No se permitirá a nadie que haga apología de una agresión externa contra Venezuela. Y sería juzgado según las leyes de nuestra Constitución. Ya basta de acciones extremistas”, declaró durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país.
Agregó que el Ejecutivo también podrá activar planes económicos que garanticen la vida nacional en medio de las “agresiones”. En suma, señaló que el decreto busca proteger “la soberanía, la independencia y los intereses vitales y estratégicos” de Venezuela frente a cualquier violación o agresión externa.
Rodríguez afirmó que un jefe de Estado no puede tener como plan de Gobierno “la guerra”, y advirtió que el “hegemonismo occidental” atraviesa un “declive” que lo lleva a “declararle la guerra al mundo”.
Sostuvo además que el pueblo venezolano “no se va a rendir” frente a lo que calificó como una “guerra psicológica” impulsada por Estados Unidos.
“Quienes piensen que una agresión armada solo va a afectar al gobierno venezolano, nuevamente se equivocan. Se va a afectar a todo el país, hasta por décadas. Se va a afectar toda nuestra región, e incluso a Estados Unidos. Las consecuencias son desconocidas, pero sabemos que serán desastrosas. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”, enfatizó.
Rodríguez también rechazó la “narrativa contra el narcotráfico”, asegurando que el “único interés” detrás de la ofensiva en el Caribe son las reservas de oro, minerales y petróleo de Venezuela.
¿En qué contexto se aprueba este decreto?
La aprobación del decreto surge en un contexto de tensión con Estados Unidos, que recientemente hundió al menos tres embarcaciones en el Caribe, vinculadas —según el Gobierno de Donald Trump— al narcotráfico.
Washington ha incrementado su presencia militar en la región con el despliegue de al menos ocho buques de guerra, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, más de 4.500 soldados y varios cazas F-35B de última generación enviados a Puerto Rico.
Según explicó Maduro la semana pasada, el objetivo del decreto es que el país “tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque” contra la nación.